Resumen: La Sala de lo Social, actuando en instancia, analiza la demanda de un Sindicato, por la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales por falta de medidas de protección de riesgos laboraley dirigida frente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco. La Sala, previamente, ha estimado en lo sustancial medidas cautelarísimas. La demanda solicita se declare vulneración del derecho y condene al demandado a proporcionar diversas medidas preventivas en relación con la COVID-19. La Sala razona: a) en torno a su competencia; b) la normativa general de prevención de riesgos laborales y la particular y muy profusa derivada de la epidemia en cuestión; c) que la demandada no ha cumplido plenamente lo establecido en la medida cautelar; c) que es consciente de la dificultad de cumplir las obligaciones preventivas, dada la escasez de medios de protección individual, pero que ello no justifica el incumplimiento, lo que conlleva su condena, pues ha incumplido su deber preventivo; d) se aprecia riesgo para los trabajadores y vulneración de su derecho fundamental a la vida y a la integridad física por incumplimiento del deber empresarial de prevención, apreciando evolución positiva en el demandado en materia de prevención; e) corresponden medidas según los Protocolos y puestos de trabajo. Se estima en parte la demanda y se declara la vulneración del derecho fundamental, condenando a la demandada a cumplir su deuda de seguridad y a proporcionar determinadas medidas preventivas.
Resumen: Demanda en la que la arrendataria interesa que se declare que la arrendadora no puede denegar la prórroga del contrato de arrendamiento de vivienda por causa de necesidad. En primera instancia se desestimó la demanda y en apelación se estimó el recurso y con él, la demanda. Interpuestos por la demandada recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestiman. La solución del caso, esto es, si debe prosperar la impugnación por la arrendataria a efectos de que no se le pueda aplicar la denegación de prórroga por necesidad, depende de la valoración de los terrenos, cuestión fáctica no revisable en casación y, en este caso, en la sentencia de segunda instancia se ha razonado correctamente acerca del valor de los terrenos circundantes que considera inferior al de la casa, por lo que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial si se respeta la base fáctica, cosa que no hace el recurrente al hacer una valoración diferente del supuesto fáctico sometido a enjuiciamiento.
Resumen: Se impugna las operaciones de la herencia efectuadas por el contador partidor designado judicialmente, en primer lugar, por no contener sus honorarios, pretensión que se rechaza pues el propio Juzgado acordó en una resolución firme el abono por partes iguales de esos honorarios cuya cuantía no puede ser incluida al no estar concretada dado que su labor no ha concluido y tampoco fue objeto de mención en el inventario ya cerrado. En segundo lugar por no incluirse en el cuaderno particional unas partidas (gastos de bienes de la herencia) de las que ni el contador ni el juzgado eran conocedores; se rechaza por preclusión dado que se introducen ex novo en el escrito de impugnación del cuaderno particional y se amplían en la vista de impugnación. Se estima a tenor de la finalidad de este proceso en aras a evitar la proindivisión y futuros conflictos, se adjudique un inmueble sito en Playa de Gandía en propiedad a uno de los herederos que tiene la residencia próxima (frente al resto que viven en Madrid) cuando en la herencia hay otros bienes inmuebles e incluso, tampoco hubo una oposición a tal adjudicación.
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 18 de julio de 2019 (RCA/5873/2017) y estima el recurso de casación, como también el recurso contencioso-administrativo, por cuanto que la aplicación de los incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida dimensión no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos del artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), exigiéndose tan solo que el importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a la del artículo 108 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). Además, el citado artículo 27 LIRPF solo afecta a los rendimientos obtenidos por personas físicas que desarrollen una actividad empresarial por cuenta propia, no siendo admisible una interpretación analógica para aplicarlo a las personas jurídicas. Por último, ni siquiera el artículo 53 TRLIS, que regula el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, remite al artículo 27.2 LIRPF ni prevé requisito complementario alguno para que las sociedades dedicadas a dicha actividad puedan acogerse al mismo.
